Pese a caminos, formaciones y esquemas políticos diferentes, Juan José Aranguren y Sergio Massa comparten una decisión común: ambos impulsaron recomposiciones tarifarias para los servicios de luz y gas, que implicaron subas en las tarifas y apuntan a reducir el gasto en subsidios.
Ese fue el disparador común de ambos esquemas. Cuando Cambiemos llegó al poder, en diciembre de 2015, el país llevaba una década de congelamientos tarifarios. En ese momento, en promedio, los montos de las facturas de luz y gas representaban alrededor del 20% del costo económico de los servicios, y el 80% restante se cubría mediante subsidios.
“El ajuste que hizo Macri en el sector energético, hasta las PASO de 2019, permitió revertir la situación y redujo del 80% al 20% promedio el peso de los subsidios en las tarifas”, explicó a LA NACION Emilio Apud, ingeniero industrial y exsecretario de Energía y Minería de la Nación.
Hoy, según estimaciones del especialista, la foto es similar a 2016: los usuarios pagan en sus facturas entre el 20% y el 30% del costo económico de los servicios energéticos, mientras que los subsidios cubren entre el 70% y el 80% restante.
Con los ajustes anunciados por Massa (llegarán al 88% para el gas y, según estimación privadas, a casi 200% en la luz, para los usuarios del nivel 1, que pasarán a pagar tarifa plena en enero), Apud estima que podría reducirse al 55% el peso de los subsidios sobre el costo económico total.
“El ajuste que se está proponiendo, en el mejor de los casos y si se fuera ajustando por inflación, podría ser lo mínimo que va a recibir el próximo gobierno. El año que viene es electoral y posiblemente no habrá ajustes”, agrega Apud.
Una historia de suba de tarifas y congelamientos
Luego de los ajustes tarifarios de la gestión de Cambiemos, el monto de subsidios energéticos se redujo de US$15.000 millones anuales alrededor de US$6000 millones, de acuerdo con estimaciones del especialista en energía Daniel Montamat.
“La gran mentira que se engendró en la época de congelamiento es que la contracara de estas tarifas de gas y electricidad casi regaladas era el gasto en subsidios que había crecido. La administración Kirchner los dejó en más de US$15.000 millones, y se financiaban con emisión inflacionaria. Los subsidios no son indoloros desde el punto de vista económico: se financian con el peor impuesto, que es la emisión inflacionaria”, plantea el analista, exsecretario de Energía de la Nación y expresidente de YPF.
En términos del PBI, los subsidios energéticos representaron un 3% del PBI en 2016 y cayeron al 1,6% en 2019, según estimaciones del economista Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma.
Pero la tendencia se invirtió desde 2019. Al llegar al Gobierno, el Frente de Todos impulsó la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que extendió el congelamiento de tarifas que había dispuesto Macri sobre el final de su mandato, en una dinámica que volvió a expandir el gasto en subsidios a la energía.
De acuerdo con las estimaciones de Caamaño, ese rubro, que explica gran parte del incremento en el déficit del sector público, llegó al 1,9% del PBI en 2020 y al 3% del PBI en 2021. Así, la ecuación se invirtió, y hoy el peso de las facturas llega a entre un 20% y un 30% del costo económico de los servicios. El resto se cubre con subsidios.
En términos operativos, existen diferencias que impiden una comparación estricta entre ambos ajustes de tarifas. “En la gestión de Cambiemos aumentaron los precios y se recompusieron los costos de distribución. Pero ahora no se habla de costos de distribución”, dice Julián Rojo, economista del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”.
Los ajustes de precios se aplicaban a todos los usuarios (con montos diferenciados según la categoría de los hogares por su nivel de consumo), y se creó el sistema de tarifa social, un esquema que mantenía los valores de las tarifas con mayores subsidios a los sectores de menores ingresos.
Este régimen, que hasta 2018 estuvo a cargo de la Nación y luego se transfirió a las provincias, alcanzó a tres millones de hogares para el servicio eléctrico y a 1,8 millones para el gas natural.
La recomposición tarifaria impulsada por Massa llega luego de una primera recomposición del orden del 20%, concretada en el primer semestre. Ahora, se mantiene el esquema de tarifa social (el grupo de usuarios del denominado nivel 2) pero aplica un aumento segmentado, a partir del modelo que en su momento había diagramado el equipo de Martín Guzmán. Mientras los usuarios de menores ingresos no tendrán aumentos, a los de mayores ingresos (nivel 1) se les realizará una quita progresiva de subsidios para llegar a facturas con tarifa plena.
En el segmento de ingresos medios, en cambio, se aplicarán aumentos menores y los subsidios tendrán topes de consumo tanto para la luz y el gas. Por encima de esos volúmenes (400 kWh mensual o 550kWh mensual para los usuarios que no tienen conexión a gas de red; un volumen de gas variable según zona geográfica), los usuarios pagarán tarifa plena.
Hacia delante, en principio, los segmentos de usuarios subsidiados tendrán recomposiciones, pero asociadas (y menores) a la variación de los salarios, un punto que, advierte Rojo, genera distorsiones e impide el recorte de los subsidios. “Esta vez, una gran parte de la demanda mantiene subsidios que, incluso, será un atraso tarifario hacia el año que viene”, concluye el analista.
Esteban Lafuente |
