Sin embargo, un objetivo que cuenta con un consenso casi generalizado -cosa rara en la Argentina- ingresó ahora en un territorio de sospecha por las posibilidades de discrecionalidad de parte de las autoridades.

Una pregunta incómoda que se hacen algunos operadores de la cadena cárnica al ver las últimas reglamentaciones sobre este tema es por qué los frigoríficos y mataderos están obligados a presentar un plan de adecuación de sus instalaciones a un organismo del Ministerio de Agricultura que poco y nada tiene que ver con el tema que nos ocupa. Sucede que dividir la media res en cuartos o trozos más chicos tiene una motivación estrictamente laboral o en todo caso sanitaria. Pero quien debe aprobar los “planes” es la ex ONCCA (Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario), a cargo del contador Luciano Zarich.

Hay preguntas muy pertinentes que las autoridades no han explicado en ningún momento: Primero, ¿por qué hay que presentar un “Plan de Inversión y Adecuación” de las instalaciones de los frigoríficos? Segundo, ¿Por qué ante la ex ONCCA y no ante el Senasa o el Ministerio de Trabajo, que son los organismos que atienden en esta problemática? Tercero, ¿Por qué para algunas plantas hay un plazo perentorio de 90 días y para otras se extienden al doble de tiempo? Y cuarto, ¿sobre qué listado de requisitos el Estado evaluará el plan presentado por cada empresa, si no existe nada regulado sobre cómo deben ser las nuevas instalaciones de faena?

Tantas preguntas sin respuesta inmediatamente convocan los fantasmas de la sospecha. Un memorioso dirigente del sector frigorífico incluso recordó la tristemente famosa Resolución 1 de 2003 emitida por el Senasa. Allí , en tiempos del duhaldismo, se impuso a las plantas de faena un riguroso proceso de rehabilitación de sus instalaciones, Luego de las inspecciones, quedaron casi 20 frigoríficos que supuestamente no alcanzaron los objetivos y que por lo tanto fueron deslistados provisoriamente, sin derecho al pataleo. Lo curioso es que además perdieron su derecho a la Cuota Hilton de ese año, que así se concentró en menos jugadores. Fue un verdadero escándalo y las sospechas de corrupción rodearon a las autoridades del Senasa de ese momento.

Veamos ahora cómo está planteada la situación actual. El Estado se ve forzado a avanzar sobre el cuarteo de las medias reses sobre todo por reclamos sindicales, ya que la OIT (Organización Internacional de Trabajo) desaconseja que los trabajadores carguen bultos de más de 25 kilogramos de peso.

Por eso la primera noticia sobre esta ofensiva sucedió el 29 de enero de 2020 y provino del Ministerio de Trabajo, que dictó la Resolución 13/2020, que debía entrar en vigencia ” a los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial”. Desde entonces debería haber quedado prohibida la manipulaciónd e la media res entera, salvo por medios mecánicos.

¡Qué suerte que a partir de ahora ya no se puede bajar al hombro la media res en la carnicería! ¿Ah, no?

Pero nada sucedió. Todo quedó en un amague.

Luego, en el marco de las negociaciones entre el Ministro Matías Kulfas y el Consorcio ABC (que agrupa a los grandes frigoríficos exportadores, que suelen tener resuelto el problema de la media res porque despostan y envían diferentes cortes a diferentes mercados), el gobierno volvió a la carga pero con mayor énfasis. Se dictó la Resolución Conjunta 4/2021 entre Trabajo, Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura.

Aquella resolución no decía nada de la necesidad de presentar un “Plan de Inversión y Adecuación”, pues nada de eso parecía necesario. Más bien, con siete meses de plazo, el Estado establecía una exigencia (“las salidas de carnes de los establecimientos de todo el país, destinadas a comercio minorista, sólo podrán hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses en trozos cuyos pesos individuales no superarán los 32 kilos”) y los privados debían adaptarse a ella. Lo mismo que sucede cuando uno debe habilitar una carnicería o cualquier negocio. Sabe qué reglas debe cumplir y cómo deben ser sus instalaciones para poder hacerlo.

Un caramelo para los frigoríficos exportadores: Prometen que el troceo de la media res regirá a partir del primer día de 2022

Luego de las elecciones PASO, Kulfas cayó en desagracia y dejó de hablar del tema de la carne vacuna, que reclamó recuperar para su área el nuevo titular de Agricultura, Julián Domínguez. Además el gobierno nunca implementó los créditos subsidiados que había prometido para ayudar a los frigoríficos que necesitaban hacer laguna inversión, en salas de desposte, cámaras de frío o camiones de transporte, para adaptarse a las nuevas exigencias. Por eso nadie movió un dedo: todos sabían que la fecha de entrada en vigencia de la norma, el 1 de enero de 2022, iba a tener que postergarse.

Dicho y hecho, el 22 de diciembre pasado los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo (ya no de Trabajo) publican la Resolución Conjunta 10/2021, que en efecto establece una prórroga e introduce el concepto novedoso de que todas las plantas de faena del país (son unas 400) van a tener que presentar un plan ante la ex ONCCA, un organismo que hasta ese momento no había tenido intervención en todo este proceso. Esa Dirección Nacional, más bien, debe ocuparse de que se compita lealmente entre los jugadores del negocio. Pero el poder de policía sanitaria corresponde al Senasa.

Una picadora: El plan oficial para erradicar la media res se porterga y piden analizar alternativas

Desde el vamos, la instrumentación de esta prórroga de la entrada en vigencia del cuarteo obligatorio de la media res provocó cortocircuitos con las entidades de la industria frigorífica. La principal razón es que se estableció una clara discriminación a favor de las empresas habilitadas por el Senasa y las que en cambio cuentan con matrículas extendidas por los gobiernos provinciales y hasta por los municipios.

En el primer caso, los frigoríficos de tráfico Federal deberán “presentar dentro de los 90 días corridos el Plan de Inversión y Adecuación de las instalaciones a fin de implementar lo dispuesto” y “dentro de los 180 días corridos haber ejecutado y puesto en marcha el Plan de Inversión y Adecuación”. Esto quiere decir que tiene  tres meses para pasar el filtro oficial y que el 1 de julio de 2022 ya deberían haber dejado de vender medias reses.
En el segundo caso, los Frigoríficos de tráfico Provincial o Municipal deberán “presentar dentro de los 180 días corridos el Plan de Inversión y Adecuación de las instalaciones a fin de implementar lo dispuesto” y 365 días corridos para ejecutar ese Plan. Es decir, que de allí una media res no debería salir más a partir de 1 de enero de 2023.
Este aplicación gradual de la exigencia sanitaria y laboral puso en alerta a muchas cámaras de la industria por la  sencilla razón que también remite a un episodio del pasado de pésimas consecuencias. En 1994 el ex secretario de Agricultura, Felipe Solá, quiso eliminar la media res como parte de un programa sanitario llamado Corte por lo Sano, y lo que sucedió fue que muchas plantas de habilitación nacional -en especial del conurbano bonaerense- se pasaran a la matrícula provincial para esquivar las nuevas exigencias.

Por eso, el primer temor que plantearon estos frigoríficos al ministro Domínguez fue ése: que la disparidad de fechas fuera una tentación para que varias plantas de faena se pasen a la matrícula de sus respectivas provincia, y así esquivar las mayores exigencias. Esto agudizaría el “doble estandar” que existe entre los frigoríficos de todo el país y por tanto incrementaría la competencia desleal, que es justo lo que debería evitar la ex ONCCA.

Es lo que le planteó, a modo de ejemplo, la cámara CADIF en esta nota al ministro Domínguez:

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CADIF, que agrupa a jugadores de peso en el negocio de la carne del conurbano, consideró que “cualquier implementación gradual tendrá dos consecuencias lapidarias que deben evitarse:  Provocará daño económico a los obligados a cumplir (frigoríficos que troceen y todos sus matarifes) y hará no sustentable en el tiempo al cuarteo, con la natural consecuencia del fracaso: el regreso al punto de partida; esto es la media res al hombro”.

De todos modos, frente a ese cuestionamiento (que más o menos se repitió en todas las entidades del sector, salvo en el Consorcio ABC), la ex ONCCA tuvo una respuesta casi violenta: Su Dirección  Nacional de Matriculación y Fiscalización reiteró los plazos para comenzar a recibir los benditos planes de adecuación e inversiones.

Volvemos a la pregunta incómoda del principio: ¿Por qué el Estado reclama a los privados que le presenten ese plan sobre decisiones que le corresponde tomar a cada empresa? ¿Y por qué el reclamo proviene de un organismo que no tiene competencia directa en el asunto? ¿Por qué razón no se establece directamente un objetivo y los plazos para cumplirlo, y después se fiscaliza, como sucede en cualquier otro lugar del mundo? ¿Qué pasará en el medio? ¿Habrá presiones a las empresas?